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Tipos de sociedades que se pueden establecer en Chile

La ley chilena establece los siguientes tipos de sociedades mercantiles:

Sociedad anónima

La sociedad anónima es una persona jurídica que se origina por la constitución de un patrimonio único aportado por los accionistas. La responsabilidad de los accionistas se limita al monto de sus aportes individuales. La sociedad anónima puede ser abierta o cerrada, y es administrada por un directorio, cuyos miembros pueden ser reemplazados en cualquier momento.

La ley chilena considera que las actividades de una sociedad anónima son siempre mercantiles, aunque ésta se haya constituido para realizar actos que de otra forma serían considerados civiles.

Una sociedad anónima es considerada abierta si cumple con una o más de las siguientes condiciones:
•Las acciones u otros valores de la sociedad están inscritos en una Bolsa de Comercio o son ofrecidos al público en general.
•La sociedad tiene más de 500 accionistas.
•Por lo menos el 10% del capital suscrito pertenece a más de 100 accionistas (excluyendo a cualquier accionista que individualmente o a través de otras personas naturales o jurídicas excedan dicho porcentaje).
•La sociedad ha elegido voluntariamente regirse por las disposiciones y normas de una sociedad anónima abierta.

Todas las demás sociedades anónimas son consideradas cerradas.

Las sociedades anónimas abiertas están sujetas al control de la Superintendencia de Valores y Seguros y deben estar registradas en el Registro de Valores.

Una sociedad anónima se constituye mediante una escritura pública, que debe contener como mínimo lo siguiente:
•Los nombres, profesiones y domicilios de los accionistas fundadores
•El nombre y domicilio de la sociedad
•El objeto social
•La duración de la sociedad, que puede ser indefinida. Si nada se dice al respecto, se presume que la duración es indefinida
•El capital de la sociedad y el número de acciones, indicando cualquier serie especial de acciones y privilegios, y si éstas tienen valor nominal o no; la forma y plazos en que los accionistas deben pagar su aporte, y la indicación y valorización de todo aporte que no consista en dinero
•Cómo se ha de administrar la sociedad y cómo será controlada la administración
•El cierre del ejercicio financiero de la sociedad (a qué fecha se deberán preparar los estados financieros) y cuándo se deberán efectuar las Juntas Generales de Accionistas
•Cómo se distribuirán las utilidades
•Cómo se liquidará la sociedad
•Naturaleza del arbitraje a que deberán ser sometidas las diferencias entre los accionistas o entre los accionistas y la sociedad. Si nada se dice al respecto, se entiende que las diferencias serán sometidas a la resolución de un árbitro arbitrador
•El nombre de los primeros directores y de los auditores externos o inspectores de cuentas

Un extracto de estos estatutos debe inscribirse en el Registro de Comercio que corresponda al domicilio de la sociedad. Este extracto también deberá ser publicado una vez en el Diario Oficial. Tanto la inscripción como la publicación deberán efectuarse dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que se firmó la escritura.

Sociedad colectiva

En una sociedad colectiva todos los socios administran la sociedad individualmente o a través de un representante elegido. Cada socio es individualmente responsable de todas las obligaciones de la sociedad sin límite.

Para constituir una sociedad colectiva, los socios o sus representantes legales deben firmar una escritura pública. La escritura de la sociedad deberá contener como mínimo lo siguiente:
•Los nombres, profesiones y domicilios de los socios
•El nombre de la sociedad, que deberá ser el nombre de uno o más de los socios, seguidos por las palabras “y compañía”
•El socio o los socios que administrarán la sociedad y que pueden usar el nombre de la misma
•El capital aportado por cada socio en efectivo o de otra forma. Si el aporte no es en efectivo, el valor asignado a éste o cómo se determinará tal valor
•El objeto social
•El domicilio social
•Cómo se distribuirán las utilidades o pérdidas entre los socios
•Cuándo iniciará y terminará la existencia legal de la sociedad
•Los montos anuales que los socios pueden retirar para sus gastos personales
•Cómo se liquidará la sociedad, y cómo se distribuirán sus activos entre los socios
•Cómo se decidirán las diferencias entre los socios; si se utilizará un árbitro, cómo se le designará

Se debe inscribir un extracto de la escritura de la sociedad en el Registro de Comercio que corresponda, dentro de un plazo de sesenta días.

Sociedad de responsabilidad limitada

Una sociedad de responsabilidad limitada es similar a una sociedad colectiva. La principal diferencia es que la responsabilidad de cada socio se limita al monto de capital que ha aportado o a un monto mayor que se especifique en la escritura de la sociedad.

La sociedad de responsabilidad limitada se forma mediante una escritura pública que debe contener los mismos datos requeridos en la escritura de una sociedad colectiva. El nombre de una sociedad de responsabilidad limitada puede contener el nombre de uno o más de los socios, o una referencia al objeto social de la sociedad y debe terminar en la palabra “Limitada”. De no ser así, cada socio es ilimitadamente responsable por todas las obligaciones de la sociedad.

También se requiere la inscripción de un extracto en el Registro de Comercio dentro de sesenta días. Además, el extracto debe ser publicado en el Diario Oficial dentro del mismo plazo.

Sociedad en comandita

En una sociedad en comandita algunos de los socios (llamados comanditarios) proporcionan todo o parte del capital de la sociedad sin ningún derecho de administrar los asuntos de la misma. La responsabilidad de estos socios está limitada a sus aportes.

Uno o más de los otros socios son designados socios administradores o gestores y su responsabilidad por las deudas y pérdidas de la sociedad es ilimitada.

Si el capital de los socios con responsabilidad limitada está representado por acciones, la sociedad se denomina “sociedad en comandita por acciones”. De otra forma se denomina “sociedad en comandita simple”.

Los requerimientos para constituir una sociedad en comandita son similares a los de la constitución de una sociedad colectiva.

Asociación o cuenta en participación

Una asociación o cuenta en participación es un contrato entre dos o más comerciantes o empresas para compartir en una o más transacciones comerciales, las que serán realizadas por uno de ellos a nombre propio. Este socio (llamado gestor) deberá rendir cuenta a su otro socio o socios y compartir con ellos cualquier utilidad o pérdida que pudiera producirse.

La asociación sólo crea derechos entre los socios. El socio gestor es el único responsable frente a terceros.

No existen requerimientos legales para formar una asociación.

Sociedad por acciones

Una sociedad por acciones es una entidad legal recientemente creada que puede constituirse y existir con un solo accionista.

Este tipo de entidad legal es muy flexible y sus estatutos pueden establecer diferentes series de acciones que pueden participar separadamente en los resultados de negocios diferentes, entre otros. En ausencia de estipulaciones específicas en los estatutos de la entidad, las reglas de las sociedades anónimas les son aplicables.

Empresa individual de responsabilidad limitada (EIRL)

Antes obligatoriamente para constituir una sociedad se requerían como mínimo dos personas, porque la sociedad es un contrato y en todo contrato deben haber dos partes. Sin embargo, actualmente existen las EIRL que permiten a una persona iniciar un negocio de manera individual, pero a través de una entidad o persona legal distinta.
La EIRL es una persona jurídica con RUT y patrimonio propio, donde la responsabilidad es limitada, lo que permite al dueño resguardar su patrimonio personal y sólo responder hasta el capital aportado a la empresa.
Tributariamente tiene el tratamiento de las sociedades de responsabilidad limitada.

Responsabilidad penal de las empresas

La Ley N° 20.393, publicada en el Diario Oficial con fecha 2 de diciembre de 2009, establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho.

Las personas jurídicas serán penalmente responsables, cuando como consecuencia del incumplimiento de sus deberes de dirección y supervisión, los delitos mencionados precedentemente sean cometidos en su interés o provecho, por sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes o quienes realicen actividades de administración y supervisión; e incluso por quienes estén bajo la dirección o supervisión directa de alguna de las referidas personas naturales.

No obstante lo anterior, si la persona jurídica hubiera implementado modelos de organización, administración y supervisión para prevenir los delitos cometidos, o éstos fueran cometidos por las personas naturales en ventaja propia o a favor de un tercero, las personas jurídicas no responderán penalmente.

Asociación o cuenta en participación

Una asociación o cuenta en participación es un contrato entre dos o más comerciantes o empresas para compartir una o más transacciones comerciales, las que serán realizadas por uno de ellos a nombre propio. Este socio (llamado gestor) deberá rendir cuenta a su otro socio o socios y compartir con ellos cualquier utilidad o pérdida que pudiera producirse.

La asociación sólo crea derechos entre los socios. El socio gestor es el único responsable frente a terceros.

No existen requerimientos legales para formar una asociación.

Tributación que afecta a las comunidades.

El Artículo 6º de la Ley sobre Impuesto a la Renta, establece que en los casos de comunidades, cuyo origen no sea la sucesión por causa de muerte o disolución de la sociedad conyugal, como también en los casos de sociedades de hecho, los comuneros o socios serán solidariamente responsables de la declaración y pago de los impuestos de la ley del ramo que afecten a las rentas obtenidas por la comunidad o sociedad de hecho, agregando dicha norma legal en su inciso final, que sin embargo, el comunero o socio se liberará de la solidaridad, siempre que en su declaración individualice a los otros comuneros o socios, indicando su domicilio y actividad y la cuota o parte que les corresponde en la comunidad o sociedad de hecho.

Por otra parte procede señalar, que la obligación de pagar los impuestos recae sobre las personas naturales y jurídicas, sin que sea posible admitir que entes con una capacidad limitada a interactuar en ciertas relaciones jurídico tributarias pueda asumir la calidad de contribuyente, toda vez que de conformidad al Artículo 1.575º del Código Civil, es requisito indispensable para efectuar un pago, tener la capacidad de enajenar, de la cual carecen los entes sin una personalidad jurídica propia.
Conforme a lo anterior, cabe concluir que la naturaleza jurídica del contribuyente necesariamente está limitada a las personas naturales y jurídicas siendo éstas en definitiva los sujetos obligados a pagar el impuesto, no así los entes carentes de personalidad jurídica como las comunidades.

En consecuencia, de acuerdo con lo señalado y conforme a las instrucciones impartidas sobre la materia, en el caso de comunidades, el contribuyente no es la comunidad misma, por cuanto como ya se expresó, ésta carece de personalidad jurídica, sino que el contribuyente es cada comunero por la proporción de las rentas que les correspondan en la comunidad.

No obstante lo anterior, para los efectos de la Ley de la Renta y en conformidad a lo dispuesto por el Artículo 6º, de este mismo texto legal, la Dirección del SII a través de sus instrucciones ha establecido, que las comunidades pueden actuar como un contribuyente de la Primera Categoría, sin perjuicio que no lo sean, siempre que se pruebe fehacientemente el dominio común del negocio o empresa.

En tal situación la comunidad debe tributar con el Impuesto de Primera Categoría en la oportunidad en que las rentas se devengaron o percibieron y los respectivos comuneros con el Impuesto Global Complementario o Adicional, en base a los retiros que hayan efectuado durante el ejercicio, en la medida obviamente que la comunidad se encuentre sujeta a dicha modalidad de tributación al declarar en la Primera Categoría su renta efectiva mediante una contabilidad completa y balance general. En el evento, que la comunidad declare en la Primera Categoría su renta efectiva mediante una contabilidad simplificada debidamente autorizada para ello, tanto el Impuesto de Primera Categoría de la comunidad, como los Impuestos Global Complementario o Adicional que gravan a los comuneros, deberán declararse en la misma oportunidad en que fueron devengadas o percibidas dichas rentas.

Por otra parte, cabe considerar que como norma general, desde el punto de vista tributario, todas las personas revisten la calidad de contribuyentes, en la medida que puedan ser afectadas con impuestos, lo cual sucede en el caso en que tales personas posean bienes o desarrollen actividades susceptibles de generar rentas que se clasifiquen en la Primera Categoría de la Ley de la Renta. Por lo tanto, salvo excepciones taxativas, no se atiende a la naturaleza de las personas para gravarlas con impuesto ¬que persigan o no fines de lucro¬, sino que se considera la actividad que realizan en el plano económico, los actos y contratos que ejecuten y los beneficios que pueden obtener. En tal sentido, las personas que no persiguen fines de lucro, están afectas a impuestos como cualquier otra persona o entidad en la medida que obtengan o generen rentas clasificadas en la Primera Categoría de la Ley de la Renta, atendido a la fuente generadora de los ingresos obtenidos.

Por lo tanto, la comunidad puede actuar como un contribuyente de la Primera Categoría sin perjuicio que no lo sea y en la medida que desarrolle una actividad cualquiera de aquellas a que se refiere el Artículo 20º de la Ley de la Renta.

En esos efectos quedaría obligada a lo siguiente:

a) Impuesto de Primera Categoría, con tasa actualmente de 20%, aplicada sobre la base imponible de dicho tributo, determinada de acuerdo al mecanismo establecido en los Artículos 29º al 33º de la Ley de la Renta;

b) Efectuar pagos provisionales mensuales, de acuerdo a una tasa variable, aplicada sobre los ingresos brutos percibidos o devengados, en cada mes, conforme a lo establecido en la letra a) del Artículo 84º de la Ley de la Renta, cuyas instrucciones para el cumplimiento de esta obligación el Servicio las impartió por Circular Nº 16, de 1991;

c) Cumplimiento de todas aquellas exigencias de carácter administrativo, como ser: llevar contabilidad completa en libros debidamente timbrados por el Servicio; practicar un balance anual al 31 de Diciembre de cada año; efectuar iniciación de actividades; inscribirse en el RUT y en la oportunidad de término giro de sus actividades dar aviso por escrito al Servicio de tal circunstancia (según los Artículos 66º, 68º y 69º del Código Tributario); efectuar declaraciones mensuales, ya sea, por tributos retenidos a terceras personas o de los propios impuestos que le afecta como contribuyente de la Ley de la Renta y/o del Decreto Ley Nº 825, de 1974; presentar anualmente una declaración jurada de sus rentas en cada año tributario, cualquiera que sea el resultado obtenido, conforme a las normas del Artículo 65º Nº 1 y 69º Nº 1 de la ley del ramo; y

d) Al estar obligada a llevar contabilidad completa, conforme a lo dispuesto por el inciso final del Artículo 68º de la Ley de la Renta, queda sujeta al mecanismo de corrección monetaria del Artículo 41º de la Ley de la Renta, y al ordenamiento que dispone la Resolución Exenta del Servicio Nº 2.154, D.O. 24.07.91 (sobre Registro FUT), para los efectos de la aplicación del régimen de tributación en base a retiros o distribuciones que afectan a sus comuneros, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 14º de la Ley de la Renta. Las instrucciones relativas a la aplicación de dicho sistema tributario, el Servicio las impartió por Circulares Nºs. 60, de 1990 y 40, de 1991.

Excesos de retiros en sociedad de responsabilidad limitada absorbida por relacionada.

I.- ANTECEDENTES.
Indica que se ha evaluado poner término a las operaciones de una sociedad de responsabilidad limitada a través de una fusión por incorporación por parte de otra empresa relacionada, surgiendo la duda acerca de la situación tributaria de los excesos de retiros que existan a la fecha del término de actividades en la sociedad que será absorbida.
A su juicio, y de acuerdo a los artículos 14 y 38 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR), no se generaría en este caso ninguna obligación tributaria posterior al término de giro para la sociedad que pone término a sus actividades, para sus socios, ni para la sociedad absorbente, no viéndose afectados por los excesos de retiros existentes a ese momento.
II.- ANÁLISIS.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 14, letra A), N° 1, de la LIR, los socios de sociedades de personas obligadas a declarar sobre la base de sus rentas efectivas acreditadas mediante contabilidad completa, quedarán gravados con el Impuesto Global Complementario o Adicional, según proceda, por los retiros o remesas que reciban de la empresa o sociedad, hasta completar el Fondo de Utilidades Tributables (FUT) de la sociedad. Si los retiros o remesas exceden el FUT, para los efectos de la aplicación de los impuestos señalados, se considerarán dentro de éste, las rentas devengadas por la o las sociedades de personas en que participe la empresa de la que se efectúa el retiro o remesa. Los retiros o remesas que se efectúen en exceso del FUT, que no correspondan a cantidades no constitutivas de renta o rentas exentas de los impuestos Global Complementario o Adicional (FUNT), se considerarán realizados en el primer ejercicio posterior en que la empresa tenga utilidades tributables. Si las utilidades tributables de ese ejercicio no fueran suficientes para cubrir el monto de los retiros en exceso, el remanente se entenderá retirado en el ejercicio subsiguiente en que se produzcan utilidades tributables y así sucesivamente.
En lo que respecta a los retiros en exceso, el efecto de las disposiciones indicadas, es dejar en suspenso la calificación tributaria del flujo del retiro, hasta el momento en que la empresa desde donde se produjo éste, efectúa la imputación o calificación tributaria definitiva de dichos retiros (utilidad tributable sin crédito, rentas exentas, ingreso no renta, utilidad financiera, etc.), oportunidad en la cual el socio que los recibe, sin distinguir si se trata de personas naturales o personas jurídicas, debe asumir dicha calificación tributaria, con los efectos tributarios que procedan.
El artículo 17 N°7, de la LIR, por otro lado, establece que no constituirá renta la devolución del capital aportado a la sociedad, así como sus reajustes, siempre que no correspondan a utilidades tributables capitalizadas que deban pagar los impuestos de la LIR, todo ello, en el marco de una devolución formal de capital que cumpla con los requisitos que establece dicha disposición y el artículo 69 del Código Tributario, o bien, al término de giro de la sociedad.

De acuerdo con las disposiciones legales e instrucciones citadas, no habiéndose producido una devolución formal de capital en la sociedad respectiva, pero sí el término de giro de la misma, para definir la situación tributaria de aquellas cantidades retiradas por los socios, y que se mantienen en exceso a la fecha del término de giro de la sociedad, debe distinguirse a que cantidades han sido imputados:
i) Si los retiros resultaron imputados a utilidades de balance o financieras que exceden las tributables o no tributables (registradas en FUT y FUNT respectivamente), y el socio es una persona no obligada a llevar contabilidad, no se afectará con impuesto sobre dichas cantidades. Ahora bien, si el socio es una persona obligada a llevar contabilidad, tales cantidades deben quedar registradas como utilidades financieras o de balance en la empresa o sociedad receptora, sin que deban quedar anotadas o registradas en su FUT o FUNT, puesto que no tienen el carácter de utilidades tributables, así como tampoco el de no tributables.
ii) Si los retiros resultaron imputados al capital aportado a la empresa o a sus reajustes, y el socio respectivo es una persona no obligada a llevar contabilidad, no se afectará con impuesto sobre dichas cantidades. Ahora bien, si el socio es una persona obligada a llevar contabilidad, dichas cantidades deberán ser registrados disminuyendo el valor de la inversión realizada en la sociedad fuente, atendido que adoptan el carácter de una devolución de capital, es decir, una disminución del valor de adquisición de dicha inversión. Esto implica que estas cantidades no deben afectarse con impuesto alguno, y tampoco deben quedar registradas en el FUT o FUNT de la empresa que efectuó el retiro. Según se ha señalado, tales retiros solamente disminuyen el valor de la inversión realizada, representando sólo el cambio de un activo (inversión) por otro (los bienes en que se haya materializado el retiro).
III.- CONCLUSIÓN.
De acuerdo a lo señalado anteriormente, los socios no obligados a llevar contabilidad que han efectuado retiros que se mantienen en exceso a la fecha de término de giro de la sociedad, no se afectarán con impuesto alguno sobre dichas cantidades. Tratándose de socios obligados a llevar contabilidad, los retiros en exceso no deben ser registrados en su FUT ni en su FUNT, sino que para calificar su situación tributaria a la fecha de término de giro, debe efectuarse la siguiente distinción, distinguiendo a qué cantidades resultaron finalmente imputados los referidos retiros:
i) Si resultaron imputados a utilidades de balance o financieras que exceden las tributables o no tributables, tales cantidades deben quedar registradas como utilidades financieras o de balance en la empresa o sociedad receptora.
ii) Si los retiros resultaron imputados al capital aportado a la empresa o a sus reajustes, dichas cantidades deberán ser registrados disminuyendo el valor de la inversión realizada en la sociedad fuente.
En ninguna de las dos circunstancias señaladas, los retiros en exceso se registran en el FUT o FUNT de la sociedad receptora de los mismos.

La sociedad que efectúa el término de giro, no se afecta con impuesto alguno sobre los retiros en exceso que registre a esa fecha. Por su parte, la sociedad absorbente tampoco se grava con impuesto sobre las mismas cantidades. (Oficio N° 2.153, de 03.10.2013).

Régimen de tributación delArtículo 14 bis de la Ley de la Renta

Es un beneficio tributario que pueden utilizar los contribuyentes obligados a declarar renta efectiva según contabilidad completa, por las rentas del artículo 20 de la Ley de la Renta (Primera Categoría) y cuyos ingresos anuales por ventas, servicios u otras actividades de su giro, no hayan excedido un promedio anual de 3.000 unidades tributarias mensuales en los tres últimos ejercicios, o en el caso de los que inician actividades, los que determinen un capital propio inicial igual o inferior al equivalente de 200 Unidades Tributarias Mensuales del mes en que ingresen.
Dicho régimen especial de tributación con impuesto a la renta da la opción de pagar los impuestos anuales de primera categoría y global complementario o adicional, sobre todos los retiros en dinero o en especies que efectúen los propietarios, socios o comuneros, y todas las cantidades que distribuyan a cualquier título las sociedades anónimas o en comandita por acciones, sin distinguir o considerar su origen o fuente, o si se trata o no de sumas no gravadas o exentas
Beneficios de la franquicia.
Los contribuyentes que se acojan a lo dispuesto en el artículo 14bis de la Ley citada, además de gozar de un régimen de tributación simplificada para los fines del Impuesto a la Renta, se benefician adicionalmente eximiéndose de las siguientes obligaciones tributarias accesorias:
Llevar el detalle de las utilidades tributarias y otros ingresos que se contabilizan en el Registro de la Renta Líquida Imponible de Primera Categoría y Utilidades Acumuladas;
Practicar inventarios;
Aplicar la corrección monetaria a que se refiere el artículo 41 de la Ley de la Renta;
Efectuar depreciaciones; y
Confeccionar el balance general anual.
Personas beneficiadas.
Los contribuyentes obligados a declarar renta efectiva según contabilidad completa, por las rentas del artículo 20 de la Ley de la Renta, que presenten la siguiente situación:
Contribuyentes que registran inicio de actividades: cuyos ingresos anuales por ventas, servicios u otras actividades de su giro, no hayan excedido un promedio anual de 3.000 unidades tributarias mensuales en los tres últimos ejercicios, y que no posean ni exploten a cualquier título derechos sociales o acciones de sociedades anónimas, ni formen parte de contratos de asociación o cuentas en participación en calidad de gestor.
Los contribuyentes que inician actividades: podrán ingresar al régimen optativo si su capital propio inicial es igual o inferior al equivalente de 200(2) Unidades Tributarias Mensuales del mes en que ingresen. Dichos contribuyentes quedarán excluidos del régimen optativo si en alguno de los tres primeros Ejercicios comerciales, sus ingresos anuales superan el equivalente de 3.000(3) Unidades Tributarias Mensuales.
Determinación límites ventas o capital propio.
Limite 3000 UTM: para los efectos de calcular el promedio anual de 3.000 unidades tributarias mensuales en los tres últimos ejercicios, deben incluirse todas las ventas, servicios u otras operaciones habituales del giro, ya sean exentas o gravadas por los impuestos del Decreto Ley N° 825, de 1974, sobre Impuestos a las Ventas y Servicios, incluyendo las exportaciones. En los valores a considerar deben excluirse el Impuesto al Valor Agregado y otros impuestos que recargue en el precio el contribuyente que opta por este régimen simplificado de tributación con impuesto a la renta. El contribuyente deberá sumar, a sus ingresos, los obtenidos por sus relacionados en los términos establecidos por el artículo 20, Nº 1, letra b), de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que en el ejercicio respectivo se encuentren acogidos al artículo 14 bis del mismo cuerpo legal.
Límite 200 UTM: para los efectos de calcular el capital propio inicial de 200 unidades tributarias mensuales deben tener presente lo dispuesto en el artículo 41° N° 1 de la Ley sobre impuesto a la Renta y considerar la UTM del mes en que ingresen.
Ingresos por ventas, servicios u otras actividades que se excluyen en la medición.
La determinación del límite de venta o del capital propio contempla sólo las ventas, servicios u otras actividades de su giro, entendiéndose por tales aquellas que provienen de operaciones habituales o contempladas en el giro de la empresa.
En ese contexto, no deben considerarse, a modo de ejemplo:
Ingresos por ventas de bienes físicos del activo fijo
Ventas de derechos de llaves, etc.
Aspectos especiales.
Estos contribuyentes pueden o deben abandonar el régimen simplificado del Artículo 14 bis, cuando se den las siguientes circunstancias:
Después de haber estado acogidos, a lo menos, durante tres ejercicios comerciales consecutivos a dicho régimen opcional, podrán volver voluntariamente al régimen general que les corresponda de acuerdo con las normas de la Ley de la Renta, dando aviso a la Dirección Regional correspondiente a su domicilio, en el mes de octubre del año en que tomaron la decisión de cambiar de régimen de tributación a contar del 01 de enero del año siguiente;
Los contribuyentes acogidos a dicho régimen simplificado que en los últimos tres Ejercicios comerciales móviles, tengan un promedio anual de ventas, servicios u otros ingresos de su giro, superior a 3.000 UTM, deberán volver obligatoriamente al régimen tributario que les corresponda de acuerdo con las normas de la Ley de la Renta, dando aviso a la Dirección Regional correspondiente a su domicilio en el mes de enero del año en que vuelven al régimen general, y
Los contribuyentes que ingresaron al régimen optativo en comento, al momento de iniciar actividades por tener a la fecha del ingreso un capital propio inicial de 200 UTM o menos, deben obligatoriamente abandonar el régimen opcional en referencia cuando en alguno de los tres primeros ejercicios comerciales siguientes o en el conjunto de estos tres ejercicios o en los tres ejercicios móviles siguientes, según corresponda, sus ingresos anuales por ventas, servicios u otras actividades de su giro, superen el equivalente a 3000 UTM, dando aviso a la Dirección Regional que les corresponda en el mes de enero del año en que vuelven al régimen general.
Estos contribuyentes pueden acogerse al régimen de tributación y contabilidad simplificada para la determinación de la base imponible del impuesto a la renta, dispuesto en el artículo 14 ter de la Ley sobre impuesto a la Renta, en la medida que cumplan con las condiciones y requisitos que establece dicha norma.
Notas puntos anteriores:
El límite de 3.000 UTM. se eleva a 5.000 UTM. a contar del 01-01-09, conforme a lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley N° 20.291, publicada en el Diario Oficial de fecha 15-09-08. Además de agregarse como condición que estos contribuyentes no posean ni exploten a cualquier título derechos sociales o acciones de sociedades anónimas, ni formen parte de contratos de asociación o cuentas en participación en calidad de gestor.
El capital propio inicial equivalente a 200 UTM. queda en 1.000 UTM. a contar del 01-01-09; ello de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley N° 20.291, publicada en el Diario Oficial de fecha 15-09-08.
El promedio anual de ventas, servicios u otros ingresos del giro, superior a 3.000 UTM., se eleva a 7.000 UTM. a contar del 01-01-09 en virtud de lo señalado en el artículo 2° de la Ley N° 20.291, publicada en el Diario Oficial de fecha 15-09-08.

El RUT en la Persona Natural Extranjera

Según el artículo 66 del Código Tributario, “Todas las personas naturales y jurídicas y las entidades o agrupaciones sin personalidad jurídica, pero susceptibles de ser sujetos de impuestos, que en razón de su actividad o condición causen o puedan causar impuestos, deben estar inscritas en el Rol Único Tributario de acuerdo con las normas del reglamento respectivo.”
El SII es el encargado de inscribir en el RUT a las personas jurídicas y a las personas naturales extranjeras. Para ello, otorga un número de inscripción único por contribuyente que lo identificará ante cualquier ente comercial o estatal en el país.

Todos los extranjeros que realizan algún tipo de inversión en el país deben estar inscritos en el Rol Único Tributario (RUT).
Se consideran inversiones entre otras a: compra de acciones o de bienes raíces, socios de empresas; en general, la adquisición de bienes o derechos que requieren de formalidades y de inscripciones en registros públicos) deberán cumplir con la obligación de inscribirse en el RUT.
En forma especial se ha creado un trámite simplificado que debe ser realizado por los Bancos y corredores de Valores autorizados que inscriben en el RUT a los inversionistas que inviertan en Chile a través de ellos con el objeto de obtener rentas provenientes de las operaciones bursátiles de compra y venta de acciones de sociedades anónimas abiertas con o sin presencia bursátil, de instrumentos de renta fija, intermediación financiera, cuotas de fondos mutuos o ciertos contratos.

Antes de efectuar algún tipo de inversión, es necesario inscribirse en el RUT y obtener la cédula RUT con su número único.

La inscripción al RUT debe ser realizada en las Unidades del SII, bajo cuya jurisdicción se encuentre el domicilio en el país del extranjero.
En forma especial, se ha creado un mecanismo simplificado de inscripción al RUT, mediante el cual, Bancos y Corredores de Valores autorizados, inscriben en el RUT a inversionistas extranjeros que inviertan en Chile a través de ellas, con el objeto de obtener rentas provenientes de las operaciones bursátiles de compra y venta de acciones de sociedades anónimas abiertas con o sin presencia bursátil, de instrumentos de renta fija, intermediación financiera, cuotas de fondos mutuos o ciertos contratos.

Los extranjeros que concurran a las Unidades, deben identificarse con su pasaporte, cédula de identidad del país de origen o cédula de identidad obtenida en Chile (si ya la tienen) y llenar formulario de Inscripción al RUT (F-4415).
También podrán dar un poder ante Notario para que un mandatario los inscriba en su nombre. Si este poder está otorgado en el extranjero, debe ser visado por el consulado chileno en ese país y por el Ministerio de Relaciones Extranjeras en Chile.
Aquellos inversionistas que opten por el mecanismo simplificado de inscripción al RUT a través de Bancos o Corredores de Bolsa autorizados (“custodios”), deberán identificarse debidamente ante esa institución mediante copia simple del pasaporte, documento de identificación del país de origen o similar, u otro documento que el “custodio” estime pertinente. Además, deberán cumplir con las restricciones propias de este mecanismo simplificado, tales como tipo de inversiones y origen de los fondos.

Este trámite se efectúa para cumplir con la normativa del Decreto ley N° 830, art. N° 66, sobre Código Tributario.
Específicamente, existen las siguientes instrucciones:
• Circular N° 4 de 1995, Imparte instrucciones sobre la solicitud de inscripción en el RUT y sobre la declaración de inicio de actividades
• Res. Ex. N° 5412 de 2000 que crea mecanismo simplificado para otorgar RUT a extranjeros sin residencia en Chile por transacciones bursátiles que cumplan con requisitos que indica y el pago de los impuestos que procedan
• Res. Ex. N°20 de 2001, que complementa la Res. Ex. N° 5412 de 2000, que crea mecanismo simplificado para otorgar RUT a extranjeros sin residencia en Chile, respecto de inversiones en instrumentos de renta fija y otros que se indican.
• Res. Ex. N°43 de 2001 que exime de la obligación de dar aviso de inicio de actividades, llevar contabilidad y declarar sus rentas anualmente a contribuyentes sin domicilio ni residencia en chile que sólo obtengan rentas de capitales mobiliarios.

Formulario 4415: Disponible para ser descargado desde el sitio web del SII, para luego llenarlo desde su propio computador, imprimirlo y presentarlo en las unidades SII en original y copia. Recuerde lo siguiente:
• Llene en su PC formulario 4415 e imprima el original y la copia del mismo.
Verifique que en la impresión aparezca el documento completo.

Nombramiento de Representante

Normas Legales y Administrativas
De acuerdo a la legislación chilena, toda persona natural o jurídica que actúe por cuenta de un contribuyente, deberá acreditar su representación, la cual debe constar por escrito. En el poder se debe indicar expresamente que sólo se extinguirá por comunicación expresa al SII, por parte de quien lo otorgó.
La persona que actúe ante el Servicio como administrador, representante o mandatario del contribuyente, se entenderá autorizada para ser notificada a nombre de éste mientras no haya constancia de la extinción del título de la representación mediante aviso por escrito dado por los interesados al SII.
Cabe destacar que, de acuerdo a las instrucciones del SII, los extranjeros tendrán la obligación de nombrar un representante legal con domicilio o residencia en Chile, para actuar ante la administración tributaria, en distintas situaciones.
Además, si existe más de un representante, deberá indicarse si éstos actúan en conjunto o en forma independiente, bastando en este último caso que firme cualquiera de ellos.
Quienes deben designar Representante Legal.
Las Personas Naturales Chilenas o Extranjeras, con Residencia en el Extranjero, que deseen obtener RUT y/o Declarar Inicio de Actividades en Chile, tienen la obligación de designar un representante legal o mandatario con residencia o domicilio en Chile y poder suficiente para actuar ante la administración tributaria, especialmente para escriturar, llenar y firmar los Formularios 4415 Inscripción al Rol Único Tributario y Declaración de Inicio de Actividad y 4416 para actualización y/o modificación de la Inscripción al RUT y Declaración de Inicio de Actividades, poder para recibir notificaciones y asistir a citaciones ante la Administración Tributaria.
Las Personas Jurídicas Extranjeras y entes sin personalidad jurídica, podrán actuar a través del Representante Legal designado y que conste en sus escrituras constitutivas, estatutos sociales, decretos o mandatos o a través de una mandatario especial o general o un representante legal designado para los efectos de obtención de RUT e Inicio de Actividades, todos los cuales deberán tener residencia o domicilio en Chile y tener poder suficiente para actuar ante el Servicio de Impuestos Internos, especialmente para escriturar, llenar y firmar los Formularios 4415 Inscripción al Rol Único Tributario y Declaración de Inicio de Actividad y 4416 para actualización y/o modificación de la Inscripción al RUT y Declaración de Inicio de Actividades, poder para recibir notificaciones y asistir a citaciones ante la Administración Tributaria.
Debe tenerse presente además que, en el caso de las sociedades y otras personas jurídicas, independiente del representante legal especial que Ud. designe para los eventos de obtención de RUT e Inicio de Actividades, es necesario que, en las escrituras sociales o estatutos, Ud. siempre designe un representante legal o gerente general que sea chileno o extranjero que tenga residencia o domicilio en Chile para una eficiente y fluida actuación de la sociedad o entidad legal en Chile. Ello por el tema de las notificaciones y citaciones a que, eventualmente, pueda quedar llamado y para una correcta y oportuna información de todos los eventos tributarios.
Donde puede Ud. designar su Representante Legal
• Si viene a Chile, puede designar personalmente un Representante Legal ante una Notaría de Chile por escritura pública y/o por escritura privada autorizada ante Notario, de cualquiera de las regiones de nuestro país. Para ello deberá acreditar su identidad mediante pasaporte o documento de identidad del país de origen.
• Si Ud. designa Representante legal fuera de Chile o en su país de origen, Ud. debe hacerlo ante la autoridades o ministros de fe pertinentes de dicho país, debiendo ser legalizado el documento, que otorga poder, ante el Cónsul de Chile de dicho país o las autoridades que sean pertinentes si el país no contare con cónsul chileno, quienes autenticarán dicho documento y acreditarán las identidades de las personas que concurren a dicho acto por medio del pasaporte, documento de identidad del país de origen.

Legalización de los documentos
Todos los documentos que han sido otorgados ante Notarios o Ministros de Fe extranjeros y que han sido autenticados ante el Cónsul de Chile en el país de otorgamiento, ante otras autoridades chilenas pertinentes o ante autoridades extranjeras que cumplan el rol de las chilenas, además en Chile deberán ser visados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, para que tengan validez. Recuerde que esto es muy importante para acreditar la autenticidad y validez legal del documento en Chile y para que pueda actuar valida y fluidamente ante la Administración Tributaria chilena.
Distintas Situaciones en las que Ud. se puede encontrar:
• No deben obtener RUT, por tanto No necesitan Representante Legal:
a) Los Turistas Extranjeros. No necesitan solicitar RUT para efectuar las compras, consumos, servicios (salud, tours, cambio de divisas) y/o contratos (arriendo de vehículos) propios de su estadía en el territorio nacional, por los cuales reciben boletas o se hacen contratos privados, figurando en ellos sólo con sus pasaportes o cédulas de identificación de sus respectivos países. Sin embargo, si hiciesen inversiones, deberán solicitar RUT y, por tanto, designar Representante Legal.
b) Diplomáticos, funcionarios internacionales acreditados ante el gobierno de Chile, misiones oficiales o de asistencia técnica y sus familiares. Estas personas no están autorizadas para realizar actividades remuneraras en el país, y al igual que los turistas, no requieren RUT para efectuar las compras, consumos, servicios y/o contratos propios de su estadía en el país, por lo que tampoco deben solicitar RUT. Sin embargo, si hiciesen inversiones, deberán solicitar RUT y, por tanto, designar Representante Legal.
c) Artistas y conferencistas extranjeros. A estos extranjeros de paso en el país, y que reciben rentas en Chile, les bastará para realizar sus actividades su pasaporte o la cédula de identidad de su país de origen. Sin embargo, si hiciesen inversiones, deberán solicitar RUT y, por tanto, designar Representante Legal .
d) Personas Naturales Extranjeras que ya posean cédula de identidad de extranjeros y que la han usado en transacciones comerciales (compra de acciones, propiedades, socios de empresas, etc.).
e) Las personas que ya poseen RUT. Toda persona natural (nacional o extranjera), jurídica o ente sin personalidad jurídica, sólo podrá tener un RUT, por lo que en caso alguno podrá solicitar un segundo RUT para la misma persona. Esto no impide a las personas naturales extranjeras o personas jurídicas, solicitar copias de su actual RUT.
No deben hacer Declaración de Inicio de Actividades, pero pueden necesitar RUT:
a) Personas que no están obligadas a obtener RUT. Estas personas no deben hacer Declaración de Inicio de Actividades.
b) Personas que han iniciado otra actividad económica anteriormente, y por la cual no hayan presentado termino de giro. Las personas que deseen iniciar una actividad, y tengan una Declaración de Inicio de Actividad anterior en otra actividad, no deben hacer una nueva Declaración de Inicio, sino una Ampliación o Cambio de Giro.
c) Las Corporaciones e Instituciones Sin Fines de Lucro que no realizan actividades de 1ª Categoría de la Ley de la Renta. Estas entidades sólo requieren obtener RUT.
d) Las personas jurídicas, sociedades de hecho y otros entes sin personalidad jurídica que expresamente soliciten no hacerlo en forma simultánea a la obtención del RUT. Esta situación se presenta normalmente en los casos en que las sociedades son constituidas para realizar una determinada actividad, cuya realización efectiva estará condicionada a ganar alguna forma de concurso, licitación pública, adjudicación o beneficio, en los cuales para optar a ser candidato es necesario que se cumpla en forma previa con el trámite de obtención de RUT (créditos CORFO, concursos para consultorías o proyectos, licitaciones de empresas, etc.).
e) Empresas extranjeras que solo deseen efectuar inversiones en Chile. Como por ejemplo compra de acciones, socios de empresas, etc., deberán solicitar RUT y, por tanto, designar Representante Legal .
• Deben obtener sólo RUT:
a) Turistas extranjeros y diplomáticos, funcionarios internacionales y sus familiares, que realizan inversiones en el país. Estas personas que realicen inversiones en el país; compra acciones, bienes raíces, socios de empresas; en general, la adquisición de bienes o derechos que requieren de formalidades y de inscripciones en registros públicos, deberán cumplir con la obligación de inscribirse en el RUT, pero no pueden desarrollar actividades remuneradas ni comerciales en el país. Deben obtener RUT y, por tanto, designar Representante Legal
b) Personas Naturales Extranjeras que sean Representantes. Las personas naturales extranjeras que se desempeñen como representantes de personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica o personas naturales, deberán solicitar su inscripción al RUT para poder desempeñar dicha labor. Este extranjero representante deberá tener domicilio o residencia en Chile.
c) Las Sociedades Extranjeras que inviertan en el país.
Las sociedades constituidas en el extranjero que efectúen inversiones en el país (socios de empresas, compra de bienes raíces, etc.), tienen la obligación de solicitar su inscripción en el Rol Único Tributario, además de designar un Representante Legal, con poder suficiente para efectuar las gestiones y declaraciones que sean necesarias ante el SII, y para ser notificados por éste a nombre de la sociedad. En el poder deberá indicarse que sólo se extinguirá por comunicación expresa de quien lo otorgó, como se señala en el inciso final del artículo 9 del Código Tributario.
d) Extranjeros Sin Residencia en el país y que perciben rentas en Chile.
Los extranjeros que no tienen residencia ni domicilio en el país y que reciben rentas de inversiones en Chile, deberán cumplir con la exigencia de inscribirse en el Rol Único Tributario, para cuyo efecto deben designar un representante con residencia o domicilio en Chile.
• Deben hacer sólo Declaración de Inicio de Actividades:
Las personas jurídicas, nacionales y extranjeras, y los extranjeros que realicen actividades o negocios susceptibles de producir rentas de primera o segunda categoría de la Ley sobre Impuestos a la Renta (comercio, industria, minería, construcción, servicios, profesionales independientes, comisionistas, corredores, etc.), que al obtener el Rut solicitaron postergar su declaración de inicio de actividades.
• Deben obtener RUT y hacer Declaración de Inicio de Actividades:
a) Las Sociedades Extranjeras que abran Agencias o Sucursales en el país.
b) Las sociedades constituidas en el extranjero que inicien actividades en Chile, abriendo agencias, oficinas, sucursales o establecimientos permanentes en el país, tienen la obligación de solicitar su inscripción en el Rol Único Tributario y declarar Iniciación de Actividades, además de designar un representante con residencia en Chile, con poder suficiente para efectuar las gestiones y declaraciones que sean necesarias ante el SII, y para ser notificados por éste a nombre de la sociedad. En el poder deberá indicarse que sólo se extinguirá en la forma señalada en el inciso final del artículo 9 del Código Tributario. (ver párrafo 1.3.1. letra e) de la Circular N° 4, de 1995.).
b) Extranjeros con Residencia en Chile que desarrollen actividades por las que deban Declarar Iniciación de Actividades. Los extranjeros que obtengan visas de residencia definitiva, de carácter temporal, sujetas a contrato de trabajo, de estudiante, etc., que les permitan iniciar negocios o labores en el país susceptibles de producir rentas de Primera o Segunda Categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta, esto es, desarrollen actividades de comercio, industria, minería, construcción, servicios, profesionales independientes, etc., deben obtener su RUT y hacer la Declaración de Inicio de Actividades, y en consecuencia deben designar Representante Legal.
Sin embargo, si la Persona Natural Extranjera tiene Cédula de Identidad de Extranjeros otorgada en Chile y la ha usado en actividades anteriores frente al SII, se conservará dicho número no siendo necesario inscribirlo en el RUT con un número para extranjeros. De suceder este último caso, se le entregará al contribuyente una Cédula RUT con el número de su Cédula de Identidad de Extranjeros, con la que declarará Iniciación de Actividades.
• SE DEBE TENER PRESENTE QUE ÚNICAMENTE SE ENCUENTRAN AUTORIZADOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS EN EL PAÍS Y POR TANTO DEBEN HACER INICIO DE ACTIVIDADES, LOS EXTRANJEROS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN:
1.- Residentes Oficiales (con rango diplomático, Cuerpo Consular u Organizaciones Internacionales reconocidas) que sirven a su cargo sin remuneración y sus familiares.
2.- Residentes Oficiales que sirven a su cargo con remuneración y sus familiares, que viven con ellos y tienen también visa de residentes oficiales, podrán desarrollar actividades remuneradas siempre que existan Convenios o Tratados Internacionales sobre autorización para desempeñar tales actividades, de acuerdo a los términos del respectivo Convenio o Tratado.
3.- Residentes sujetos a Contrato con las cláusulas que señala el Departamento de Extranjería, cuando obtengan rentas del Art. 42 N°. 2 de la Ley de la Renta, es decir, sólo cuando tengan la calidad de Contratados a Honorarios, y la Iniciación de Actividades únicamente los habilitan para realizar las actividades específicas para las cuales han sido contratados y sólo respecto de la persona con quien han celebrado dicho contrato.
4.- Residente Estudiante, el cual sólo se encuentra autorizado para realizar actividades remuneradas que correspondan a su práctica profesional, y por excepción el Ministerio del Interior puede autorizarlo para ejercer actividades remuneradas por su cuenta o bajo relación de dependencia, cuando éstas sean necesarias para costear sus estudios.
5.- Residente Temporario, Residente con Asilo Político o Refugiado, Inmigrante y Residente con Permanencia Definitiva, los cuales pueden realizar cualquier clase de actividades lícitas en el país.

Enajenación no habitual de bienes raíces

De acuerdo a lo dispuesto por la letra b) del Nº 8 del artículo 17 de la Ley de la Renta, en concordancia con lo señalado por el artículo 18 de la misma ley, no constituye renta el mayor valor, incluido el reajuste del saldo de precio, obtenido en la enajenación no habitual de bienes raíces, excepto respecto de aquellos que forman parte del activo de empresas que declaren su renta efectiva en la Primera Categoría.
Por su parte, el artículo 18 de la citada ley, dispone en su inciso tercero que se presumirá de derecho que existe habitualidad en los casos de subdivisión de terrenos urbanos y en la venta de edificios por pisos o departamentos, siempre que la enajenación se produzca dentro de los cuatro años siguientes a la adquisición o construcción, en su caso. Agrega la referida norma, que en todos los demás casos se presumirá la habitualidad cuando entre la adquisición o construcción del bien raíz y su enajenación transcurra un plazo inferior a un año.
El inciso cuarto del Nº 8 del artículo 17 de la Ley de la Renta establece que tratándose del mayor valor obtenido en las enajenaciones referidas en la letra b), que hagan los socios de sociedades de personas o accionistas de sociedades anónimas cerradas, o accionistas de sociedades anónimas abiertas dueños del 10% o más de las acciones, con la empresa o sociedad respectiva o en las que tengan intereses, se aplicará lo dispuesto en el inciso segundo de este número, gravándose en todo caso el mayor valor que exceda del valor de adquisición, reajustado, con los impuestos de Primera Categoría, Global Complementario o Adicional, según corresponda.
De lo establecido por las normas legales antes citadas, se desprende claramente que existen tres situaciones en las cuales el mayor valor obtenido en la enajenación de bienes raíces, queda afecto a la tributación general que contempla la Ley de la Renta, a saber:

a) Cuando la operación represente el resultado de negociaciones o actividades realizadas habitualmente por el contribuyente, presumiéndose que existe habitualidad en las situaciones previstas por el inciso tercero del artículo 18 de la ley señaladas anteriormente;
b) Cuando se trate de la enajenación de bienes raíces que formen parte del activo de empresas que declaren su renta efectiva en la Primera Categoría, bastando para la aplicación de esta normativa que los citados bienes integren el activo de la empresa, sin entrar a precisar el ítem o cuenta a que corresponden dichos bienes, y que las mencionadas empresas declaren su renta efectiva en la Primera Categoría, ya sea que estén obligadas a dicha base de declaración o hayan optado por tal modalidad; y
c) cuando la enajenación de los citados bienes se efectúe a una empresa o sociedad con la cual el cedente se encuentre relacionado en los términos previstos en el inciso cuarto del Nº 8 del artículo 17 de la ley del ramo comentado anteriormente.

Beneficios tributarios de viviendas DFL2

Existen varios beneficios tributarios establecidos para las propiedades DFL2, (superficie construida menor a 140 m2) cuyo destino de uso es habitacional: pago rebajado al 50% de las contribuciones de bienes raíces por 20 o 10 años (depende de la superficie construida); tributación de los arriendos; tributación frente a la venta y la rebaja de la base imponible afecta a impuesto global complementario.

El arriendo de estas propiedades no constituye renta y por lo tanto no quedan gravados con impuestos, pero este beneficio tiene un antes y un después de la entrada en vigencia de la Ley 20.455 (1 de noviembre 2010), que dejó -para los propietarios personas naturales- un límite de dos viviendas, dejando fuera a las personas jurídicas o empresas.

Las propiedades adquiridas con anterioridad al 1 de noviembre de 2010 conservan el beneficio sin límite, ya sea que hayan sido obtenidas por personas jurídicas o personas naturales, y, en el caso de estas últimas, podrán sumar al beneficio las propiedades que adquieran por herencia.

Cuando una persona natural vende una propiedad DFL2 no tributará por la utilidad en la venta, siempre que entre la fecha de compra y venta haya transcurrido más de un año y no sea calificado como habitual en este tipo de transacciones.
Distinto es el caso de una persona jurídica que sí tributará.

Este beneficio, que afecta a aquellas personas naturales que adquirieron una propiedad DFL2 entre el 22 de junio del año 1999 y el 30 de junio del año 2001, consiste en una rebaja a la base imponible de global complementario de 10, seis o tres Unidades Tributarias Anuales (UTA) que se aplica de acuerdo a la fecha en que se haya hecho la adquisición dentro del plazo señalado. Este beneficio es incompatible con el uso del beneficio del artículo 55 bis de la Ley de la Renta por rebajas de intereses a la base de global complementario, que beneficia a los créditos con garantía hipotecaria.

Todos estos beneficios se pueden perder si se cambia el destino de uso de la propiedad de habitacional a comercial o se efectúa una ampliación que supere el límite de edificación de 140 m2.

Conozca como hacer negocios en Chile

I) Formas de operar en Chile
Las personas no residentes pueden operar en Chile en una de las siguientes formas:
1. Nombrando un representante
2. Creando una agencia o sucursal de una sociedad extranjera
3. Creando una sociedad de capital o de personas
1) Operaciones por medio de un representante
Un representante actúa sobre la base de un mandato, contenido en un contrato, que el inversionista no residente confiere a una persona o entidad residente. El representante actúa a nombre y riesgo del inversionista extranjero para realizar una o más transacciones de negocios. El mandante y el representante tiene libertad para acordar si este último recibirá remuneraciones o no.
2) Sucursal o Agencia de una sucursal extranjera
Una sociedad extranjera debe designar un representante legal para constituir la sucursal. El representante legal debería legalizar algunos documentos, y al mismo tiempo debe suscribir a nombre de la sociedad una escritura pública, que dentro del plazo de 60 días se debe inscribir un extracto en el Registro de Comercio, y publicar dicho extracto en el Diario Oficial.
3) Tipo de sociedades
La ley Chilena establece los siguientes tipos de sociedad mercantiles:
a) Empresa Individual de Responsabilidad Limitada
b) Sociedad Anónima
c) Sociedad por Acciones
d) Sociedad Colectiva
e) Sociedad de Responsabilidad Limitada
f) Sociedad en Comandita
g) Asociación o cuenta en participación
a) Empresa Individual de Responsabilidad Limitada E.I.R.L
Una E.I.R.L es una persona jurídica con patrimonio propio distinto al del titular. Para su formación solo requiere de una persona natural, chilena o extranjera Se constituye mediante escritura pública que debe contener como mínimo las estipulaciones señaladas en la Ley.
Un extracto de la escritura pública autorizada por el notario ante el cual se otorgó se inscribe en el registro de comercio del domicilio de la empresa y se publica por una vez en el Diario Oficial.
b) Sociedad Anónima S.A.
La S.A. es una persona jurídica que se origina por la constitución de un patrimonio único aportado por los accionistas. La responsabilidad de los accionistas se limita al monto de sus aportes individuales. Puede ser S.A. abierta o cerrada y es administrada por un directorio, cuyos miembros pueden ser reemplazados en cualquier momento.
La ley chilena considera que las actividades de una sociedad anónima son siempre mercantiles, aunque esta se haya constituido para realizar actos que de otra forma serían considerados civiles.
Una S.A. es considerada abierta si cumple con una o más de las siguientes condiciones:
_ Las acciones u otros valores de la sociedad están inscritas en una Bolsa de Comercio o son ofrecidos al público en general.
_ La sociedad tiene más de 500 accionistas
_ Por lo menos el 10% del capital suscrito pertenece a más de 100 accionistas.
_ La sociedad ha elegido voluntariamente regirse por las disposiciones y normas de una S.A. abierta.
Todas las demás sociedades anónimas son consideradas cerradas. Se constituyen por escritura pública.
c) Sociedad por Acciones Spa
La participación en el capital social se representa por acciones nominativas.
Puede estar constituida por un solo accionista.
Los accionistas responden hasta el monto de sus respectivos aportes.
En el silencio del estatuto o la ley, la Spa se rige supletoriamente y sólo en aquello que no contraponga con su naturaleza, por las normas aplicables a las S.A. cerradas.
Para los efectos tributarios, la Spa se considera como una S.A.
Puede constituirse por escritura pública o a través de un instrumento privado autorizado y protocolizado ante Notario Público.
En los aumentos de capital no es obligatorio realizar una oferta preferente de acciones de pago a los accionistas.
La Spa podrá adquirir y poseer acciones de su propia emisión, salvo en cuanto esté prohibida por el estatuto.
El estatuto puede facultar a la administración de manera general o limitada, temporal o permanente, para efectuar aumentos de capital que tengan por objeto financiar la gestión ordinaria de la Spa o fines específicos
d) Sociedad Colectiva S.C
En una S.C todos los socios administran la sociedad individualmente o a través de un representante elegido. Cada socio es individualmente responsable de todas las obligaciones de la sociedad.
Para su constitución, los socios o sus representantes legales deben firmar una escritura pública.
Se debe inscribir un extracto de la escritura de la sociedad en el Registro de Comercio que corresponda.
e) Sociedad de Responsabilidad Limitada SRL.
Una sociedad de responsabilidad limitada es similar a una sociedad colectiva. La principal diferencia es que la responsabilidad de cada socio se limita al monto de capital que ha aportado o a un monto mayor que se especifique en la escritura de la sociedad.
Se forma mediante escritura pública.
El nombre de la SRL. puede contener el nombre de uno o más de los socios, o una referencia al objeto social de la sociedad y debe terminar en la palabra “Limitada”.
f) Sociedad en Comandita
Algunos de los socios (llamados comanditarios) proporcionan todo o parte del capital de la sociedad sin ningún derecho de administrar los asuntos de la misma. La responsabilidad de estos socios está limitada a sus aportes.
Si el capital de los socios con responsabilidad limitada está representado por acciones, la sociedad se denomina “sociedad en comandita por acciones”. De otra forma se denomina “sociedad en comandita simple”.
Similares requerimientos que para la constitución de sociedad colectiva.
g) Asociación o cuenta en participación
Es un contrato entre dos o más comerciantes o empresas para compartir una o más transacciones comerciales, las que serán realizadas por uno de ellos a nombre propio. Este socio (llamado gestor) deberá rendir cuenta a su otro socio o socios y compartir con ellos cualquier utilidad o pérdida que pudiera producirse.
La asociación solo crea derechos entre los socios. El socio gestor es el único responsable frente a terceros.
No existen requerimientos legales para su formación.
II) Cómo internar capital extranjero a Chile.
Los más frecuentes son:
1.- Titulo I Capitulo XIV del Compendio de Normas sobre Cambios
Internacionales del Banco Central de Chile denominado “Capitulo XIV”
2.- Decreto Ley 600, denominado “Estatuto de la Inversión Extranjera”
1.- Capitulo XIV
El capitulo XIV del CNCI establece las normas aplicables a las operaciones de cambios internacionales relativas a los créditos, depósitos, inversiones y aportes de capital provenientes del exterior. Dicho régimen establece el libre acceso de los capitales extranjeros al mercado cambiario formal de Chile.
Estas normas solo son aplicables a las operaciones que superen los 10.000 dólares, o su equivalente en otras monedas extranjeras.
El ingreso al país de las divisas que se generan motivo de las operaciones previstas en este Capítulo, se deberán efectuar a través del Mercado Cambiario Formal.
Para este efecto, cuando las divisas provenientes de la realización de inversiones o aportes de capital se pongan a disposición del beneficiario en el país, la Entidad del Mercado Cambiario Formal interviniente, emite una Planilla y requiere del inversionista o de la empresa receptora del aporte de capital, según corresponda.
2.- Decreto Ley 600 Estatuto de Inversión Extranjera.
Los capitales internados a Chile pueden ser recepcionados por una sociedad ya constituida, ya sea con adquisición de acciones, cesión de derechos, aumento de capital, o se puede crear una nueva sociedad.
El inversionista extranjero podrá efectuar remesas de capital al exterior una vez transcurrido un año desde la fecha de su ingreso al país y remesar utilidades en cualquier momento, por cuantos estas remesas no se encuentran sujetas a ningún plazo.
El inversionista extranjero al momento de celebrar un contrato-ley, puede optar por el régimen de invariabilidad tributaria que establece una tasa única de 42% como carga impositiva efectiva total a la Renta, aplicable por un plazo de 10 años, contados desde la puesta en marcha de la empresa, o por el régimen común de la Ley de sobre Impuesto a la Renta, esto es, el Impuesto Adicional con tasa del 35%.
III) Impuestos
1) Principales impuestos en Chile.
Todos los impuestos en Chile se imponen a nivel nacional. No existen impuestos municipales, provinciales o regionales significativos.
Las principales fuentes de ingresos nacionales por impuestos son:
- Impuestos a las rentas de las empresas y las personas
- Impuesto al Valor Agregado (IVA)
- Derechos de Aduana
- Impuesto de Timbres y Estampillas
Además, el régimen tributario incluye las contribuciones de bienes raíces, el impuesto sobre las herencias y donaciones, y varios otros impuestos especiales a las ventas.
2) Convenio para evitar la Doble Tributación.
El tratado de doble tributación celebrado con Argentina se basa el principio de la exención, en virtud del cual, las rentas se gravan en el país en que tengan su fuente productora, en consecuencia, las rentas de fuente Argentina obtenidas por residentes en Chile sólo pagan impuestos en Argentina.
Para calcular el Impuesto Global Complementario de un residente en Chile se incluyen las rentas de fuente Argentina sólo para determinar la tasa progresiva del impuesto.
Los demás tratados se basan en el modelo de la OECD, fundándose en el principio del crédito, el cual privilegia el gravar las rentas bajo el principio de residencia del inversionista.
Además, Chile ha firmado tratados bilaterales con varios países para evitar la doble tributación en los servicios de transporte internacional, de carga y pasajeros, por vía marítima o aérea.
3) Impuestos a los pagos por Regalías
De acuerdo con la LIR, todas las regalías pagadas al extranjero están sujetas a un impuesto de retención del 30%, salvo en el caso de pagos por regalías a personas residentes o domiciliadas en países con los cuales Chile haya celebrado un tratado para evitar la doble tributación.
Sin embargo, a partir del 1 de enero del 2007, ciertas regalías gozan de una tasa reducida del 15% (uso y explotación de patentes de invención, modelos de utilidad, de dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, nuevas variedades de vegetales, y programas de computación sobre cualquier tipo de soporte físico).
Los pagos al exterior a entidades no domiciliadas ni residentes en Chile por trabajos de ingeniería o técnicos o por servicios profesionales o técnicos plasmados en consejos, informes o planos están afectos a un impuesto de retención de 15%.
Estas tasas reducidas no serán aplicables en el caso que los pagos sean realizados a una parte relacionada o hacia un país considerado paraíso fiscal.
4) Sociedades de Inversión
El régimen especial de tributación de sociedades de inversión, es un vehículo de inversión para inversionistas extranjeros que deseen invertir en terceros países sin tener que soportar en Chile los impuestos a la renta que originen dichas inversiones.
La ventaja principal de las Sociedades de Inversión es que en su calidad de personas jurídicas sin domicilio o residencia en Chile, no tributaran con ningún Impuesto a la Renta por los ingresos de rentas de fuente externa que provengan de inversiones y/o de la prestación de servicios o ganancias de capitales y sólo tributarán en el país por las rentas de fuente chilena.
De igual forma los accionistas con domicilio o residencia en el exterior, por las remesas de utilidades efectuadas por las sociedades plataformas con cargo a rentas de fuente extranjera, no se afectan con ningún impuesto de la Ley de la Renta.
IV) Pensiones, seguridad social y otros beneficios de los empleados.
1) Dos sistemas de pensiones
1. Llamado sistema antiguo, administrado por una entidad que agrupó a los numerosos fondos de pensiones estatales y proporciona beneficios de salud, pensiones, y otros beneficios de seguridad social.
2. Sistema privado de fondos de pensiones.
Ambos retienen de la remuneraciones mensuales de sus trabajadores un porcentaje fijo y basándose en una remuneración mensual de hasta 60 UF para el primer caso y UF 67,4 para el segundo.
El empleado puede elegir realizar aportes adicionales al fondo.
Los empleadores pueden hacer depósitos voluntarios no tributables a las cuentas de sus trabajadores.
Administradoras de Fondos de Pensiones:
AFP Tasa AFP SIS(*)
Capital 11,44% 1,49%
Cuprum 11,48% 1,49%
Hábitat 11,36% 1,49%
Plan vital 12,36% 1,49%
Provida 11,54% 1,49%
Modelo 11,14% 1,49%

(*) Seguro de Invalidez y sobrevivencia, es costo del empleador.

Al jubilar, el empleado puede elegir recibir un pago por la suma total, una pensión o una combinación provisoria de ambos. La suma total solo puede ser usada para adquirir un seguro de renta vitalicia en una compañía de seguros.
2) Costos de los beneficios de salud.
Los empleados y los trabajadores independientes están sujetos a una contribución de seguro de salud del 7% sobre sus remuneraciones, tope de UF 67,4.-
Si el empleado está afiliado a uno de los planes de pensiones estatales, el aporte de seguro de salud es recibido por el plan de pensiones y pagados a FONASA (Fondo Nacional de Salud).
Los empleados afiliados pueden elegir hacer sus aportes a FONASA o a una compañía de salud privada ISAPRE.
3) Seguro de Accidentes del Trabajo.
Todos los empleadores deben pagar una cotización del 0,95% basándose para estos efectos en una remuneración mensual de hasta a UF 67,4 para un seguro de accidentes del trabajo. De acuerdo con el grado de riesgo de la actividad del empleador, se pueden requerir aportes adicionales a tasas variables con un máximo de 3,4% según siniestralidad del empleador.
4) Seguro de Desempleo.
Desde el 1° de Octubre 2002, se estableció un seguro obligatorio de cesantía a favor de los trabajadores dependientes. Se financia con una cotización obligatoria de cargo del trabajador de un 0,6% más una cotización obligatoria de cargo del empleador de un 2,4%, ambas calculadas sobre la base de la remuneración imponible del trabajador, el tope imponible es de UF101, 1.-
5) Pago de Indemnización por término de la relación laboral.
La ley contempla una indemnización por término de la relación laboral pagadera a los empleados al momento en que ésta cesa por decisión del empleador, salvo en aquellos casos de despido por causales graves. Es equivalente a la remuneración de un mes por cada año de servicio, máximo de 11 meses.
Si el despido es injustificado (determinado por un Tribunal) el monto se incrementa en un 30% a un 100% dependiendo la causal.
En el caso de ejecutivos o personas que ejercen cargos de exclusiva confianza del empleador, no es necesario invocar causal legal para el término relación laboral.
Los beneficios por indemnizaciones generalmente están exentos de impuestos para el empleado y son gasto deducible para la empresa.
6) Participación en las utilidades.
Los pagos por participación en las utilidades son requeridos por ley. Si el contrato no estipula nada en contrario, el empleador debe pagar la participación legal en las utilidades y puede elegir cada año una de las siguientes bases anuales:
30% de las utilidades distribuidas en proporción a la remuneración anual de cada empleado.
25% de la remuneración anual de cada empleado, con una participación en las utilidades máxima de 4,75 sueldo mínimos mensuales para cada empleado, sin importar si el empleador obtuvo utilidades y cualquiera sea el monto de estas.
La participación en las utilidades es ingreso tributable para el empleado y es gasto deducible para el empleador.
V) Ejecutivos Extranjeros
La ley requiere que al menos el 85% de los empleados de una empresa sean ciudadanos chilenos.
Los permisos de trabajo por 2 años se obtienen fácilmente (renovables por una vez más, igual período). Es posible cambiar una visa o una tarjeta de turista por un permiso de trabajo. Los permisos de trabajo pueden ser renovados o convertidos en un permiso de residencia permanente.
Las personas y empresas residentes en Chile pueden pagar remuneraciones en moneda extranjera a personal extranjero que este sujeto a contrato de trabajo y que esté exento de cotizar en el sistema de seguridad social chileno.
Por un periodo de 3 años (puede renovarse una vez mas) un extranjero residente paga impuesto a la renta solo sobre sus ingresos de fuente chilena.
Después de ese plazo los ingresos percibidos en cualquier parte del mundo están sujetos a impuestos en Chile.
Las personas extranjeras sin residencia están sujetas a un impuesto de retención del 20% sobre remuneraciones percibidas en Chile por actividades científicas, culturales o deportivas y un 15% en el caso de prestaciones de servicios técnicos, profesionales o de ingeniería.
Los trabajadores técnicos extranjeros que están pagando seguridad social en su propio país pueden elegir estar exentos de la seguridad social chilena.
Existe convenio de seguridad social con Argentina.
En general los beneficios adicionales no son aceptados como un gasto deducible para el empleador o se consideran como ingreso tributable del empleado.
VI) Incentivos Comerciales o Tributarios Especiales.
La ley chilena contempla beneficios especiales para:
La industria petrolera
La industria de substancias radioactivas
Las operaciones en las zonas francas de Arica, Iquique y Punta Arenas
Las operaciones en las Regiones I, XI y XII y Provincia de Chiloé
Los exportadores
La industria Forestal
VII) Contabilidad e Informes.
Formalidades antes de operar en Chile:
Rol Único Tributario, se obtiene al registrarse en S.I.I
Declaración de Iniciación de Actividades
Permiso Municipal correspondiente a cada uno de los establecimientos, oficina, bodegas, etc. de la empresa.
Permisos sectoriales (para algunos negocios) como de salud, ambientales, forestales, agrícolas y ganaderos, mineros, marítimos, aeronavegación, telecomunicaciones.
El año financiero no puede exceder de los 12 meses, y puede terminar en cualquier día que se elija. Para efectos de impuestos se debe usar un año tributario que termina el 31 de Diciembre.
Se deben mantener registros contables completos: un libro de caja, un libro diario, un mayor y un libro de inventarios o registros equivalentes.
Todos deben ser timbrados por S.I.I
Las entradas contables deberán ser conformes a los principios y prácticas de contabilidad Chilena. Sin embargo, a partir del 1° de Enero del 2013, Chile adoptará el NIIF.
VIII) Aspectos relacionados con productos tecnológicos.
Propiedad Industrial (Marcas, Patentes, etc.)
Derechos de Autor y derechos conexos
Nombres de Dominio (NIC Chile)

Acciones con presencia bursátil

ACCIONES CON PRESENCIA O DE TRANSACCION BURSATIL
Se considerarán acciones que tienen presencia o son de transacción bursátil aquellas que, a la fecha de efectuar la determinación, cumplan con los siguientes requisitos:
a. Ser valores inscritos en el Registro de Valores que lleva esta Superintendencia;
b. Estar registrados en una bolsa de valores de Chile, y
c. Tener una presencia ajustada igual o superior al 25%.
II. PRESENCIA AJUSTADA DE UNA ACCION
La presencia ajustada de una acción se determinará de la siguiente forma:
Dentro de los últimos 180 días hábiles bursátiles, se determinará el número de días en que las transacciones bursátiles totales diarias hayan alcanzado un monto mínimo por el equivalente en pesos a 1.000 unidades de fomento. Dicho número será dividido por ciento ochenta, y el cuociente así resultante se multiplicará por cien, quedando expresado en porcentaje.

MODIFICACIÓN DE LA PRESENCIA AJUSTADA DE LA ACCIÓN.
En forma inadvertida por el mercado se aprobó recientemente la norma que modifica los requisitos para que las acciones de sociedades anónimas abiertas, cuotas de fondos mutuos y de inversión que se transan en bolsa puedan acceder al beneficio tributario de exención del pago del impuesto a la ganancia de capital.
Ello luego que en el proyecto de ley denominado “MKB de la clase media”, despachado por el Congreso y próximo a promulgarse, se incorpora una nueva definición de “presencia bursátil” en la Ley de Mercado de Valores y se autoriza a la Superintendencia de Valores y Seguros a dictar una norma administrativa que detalle sus elementos.
Así, el regulador deberá definir lo que se entenderá por presencia bursátil, requisito clave para que los títulos puedan acceder a la referida exención tributaria.
La ley próxima a promulgarse mantiene el sistema vigente y el actual mecanismo de cálculo. Pero incorpora un cambio fundamental: si hasta ahora la presencia de una acción se determina considerando el número de días en que las transacciones hayan alcanzado un mínimo de UF 200 ($4 millones aproximadamente) en un periodo de 180 días, ahora esa cifra se eleva a un mínimo de UF 1.000 (más de $ 22 millones). El monto exacto lo definirá la SVS. Ello hace más exigente el cumplimiento del requisito de 25% de presencia bursátil, sobre todo para papeles que se transan muy cerca de ese rango.
Fuente: Diario Financiero. 05 diciembre 2011

Facultad de tasar del SII (I)

El artículo 64 del Código Tributario señala, en lo que interesa, que “en todos aquellos casos en que proceda aplicar impuestos cuya determinación se basa en el precio o valor de bienes raíces, el Servicio de Impuestos Internos podrá tasar dicho precio o valor, si el fijado en el respectivo acto o contrato fuere notoriamente inferior al comercial de los inmuebles de características y ubicación similares, en la localidad respectiva y girar de inmediato y sin otro trámite previo el impuesto correspondiente.”

Corte de Apelaciones de Concepción, causa Rol Nº 1753-2009, 29.07.10.

Concepción, veintinueve de julio de dos mil diez.

VISTO:

1) Que la reclamante SOCIEDAD DE INVERSIONES MARAVILLA LTDA. en subsidio del Recurso de Reposición que interpone en lo principal del escrito de fs. 593, deduce Recurso de Apelación en contra de la sentencia definitiva dictada en autos, solicitando “se declare que se da lugar en todas sus partes a la Reclamación formulada, esto es, dar lugar íntegramente al Reclamo o se comprende dar lugar al Reclamo en la parte no acogida por la sentencia de 22 de septiembre de 2009, procediendo a dejar sin efecto la Liquidación Nº 862 en la parte que la confirmó y mantuvo en la referida sentencia, con costas. En subsidio, se resuelva dar lugar parcialmente al Reclamo, pero siempre por sobre lo ya concedido por la referida sentencia, con costas.

Sostiene que sólidos argumentos y contundente prueba rendida dejan en evidencia lo injustificada y arbitraria que ha sido la Liquidación Nº 862 por supuesto impuesto adeudado por concepto de mayor valor del precio de venta de un inmueble. Y más injustificada resulta la sentencia, dice, toda vez que el SII ha tenido a la vista al momento de fallar una serie no despreciable de sólidos y contundentes antecedentes para concluir que en septiembre de 2004 el valor de tasación comercial del inmueble correspondía fielmente a aquel en que fue vendido por Inversiones Maravilla Ltda. quien actuó de buena fe y cumplió con todas sus obligaciones de pago de derechos por trámites e impuestos como también lo hizo la compradora, Sociedad Inmobiliaria Mayor S.A. empresa del mismo Grupo o Holding, circunstancias que demuestran no sólo la correcta determinación del precio de aquella venta sino también, la irreprochabilidad de la operación, no configurando el más mínimo perjuicio fiscal. En septiembre de 2004, agrega, el SII estimó, sin mayor fundamento que el precio en que se vendió el inmueble era notoriamente inferior a su real valor de mercado desconociendo el mérito de una serie de antecedentes que avalan la correcta determinación del efectivo valor de mercado del inmueble, toda vez que sólo un par de meses antes de la cuestionada venta, éste había sido adquirido por la Reclamante por medio de un proceso de licitación pública, en que la única oferta recibida respecto del Lote AM-2 fue la de la Reclamante por 5.880 Unidades de Fomento y el precio en que la Reclamante vendió el inmueble en septiembre de 2004 se ajustó al precio de aquella licitación. Afirma que, entonces, no procedía que el SII cuestionara la venta y liquidara la supuesta diferencia de impuesto y que la sentencia es confusa ya que, reconociendo ciertas circunstancias a favor del reclamo considera que debe corregirse la tasación pero no señala con plena claridad cómo y a cuanto en definitiva ascenderá el beneficio.

2) Que los errores o vicios formales de tramitación aludidos por el Reclamante en estrados, además de no ser tales, no pueden ser considerados por esta Corte ya que no los contiene su escrito de apelación.

3) Que el artículo 64 del Código Tributario señala, en lo que interesa, que “en todos aquellos casos en que proceda aplicar impuestos cuya determinación se basa en el precio o valor de bienes raíces, el Servicio de Impuestos Internos podrá tasar dicho precio o valor, si el fijado en el respectivo acto o contrato fuere notoriamente inferior al comercial de los inmuebles de características y ubicación similares, en la localidad respectiva y girar de inmediato y sin otro trámite previo el impuesto correspondiente”.

4) Que luego, se trata de una facultad que la ley entrega a determinada institución, y por lo tanto, es a ella a la que corresponde ejercerla y determinar si ha de hacerse o no, y si se decide por hacer uso de ella, serán los parámetros que le entreguen los antecedentes probatorios los que habrán de servirle de base” (Corte Suprema, 26 de enero de 2005, Rol Nº 1399-2004).

5) Que, el Código Tributario no ha precisado el significado de la expresión “valor comercial”, por lo que podemos basarnos en el significado que le da la Circular Nº 05 de 10 de enero de 1996 que si bien se refiere a los bienes agrícolas da una definición de “valor comercial” que es el mismo al que se referido la sentencia en el fundamento 18º. Esta circular argumenta que “que ésta libre concurrencia de la oferta y la demanda sobre el bien no está determinada sólo por las características intrínsecas del bien, sino que también influyen en ella claramente valores extrínsecos que también deben ser considerados en la tasación que se comenta”. En efecto, agrega, “es indudable que otros factores que el oferente, por una parte y el demandante, por otra, van a considerar para concurrir en el valor de un bien determinado, son la ubicación del bien; el posible cambio de uso que puede tener en un futuro mediato el bien en atención precisamente a su ubicación; la posible generación de una plusvalía por inversiones públicas que puedan efectuarse en el entorno donde se ubique el predio y otros que en la complejidad de las variables que determinan los precios de los bienes en un mercado libre puedan darse y que deben apreciarse en cada caso particular”. Y, termina diciendo “Lo dicho lleva a concluir que, “el valor comercial” del bien está dado por las características por las cuales es demandado en el mercado, cualquiera que sean las circunstancias que hayan influido sobre dicho valor” por lo cual “el Servicio debe considerar necesariamente la utilidad económica que el bien puede tener”.

En el caso, estamos, como se señala en la sentencia que se revisa, frente a un predio que cuenta con urbanización y con los servicios de alumbrado, alcantarillado, agua potable, aceras pavimentadas y se ubica en el sector Andalué de la Comuna de San Pedro de la Paz, un sector de alta demanda habitación y que ha tenido una gran plusvalía.

6) Que para contar con más antecedentes, el Servicio citó a la Sociedad de INVERSIONES MARAVILLA LTDA. la que aportó prueba documental y presentó lista de testigos, pero éstos no concurrieron a la Audiencia fijada para recibir la prueba testimonial, pese a lo cual, el Tribunal como Medida para Mejor Resolver, dispuso tener por acompañada la prueba rendida a fs. 77 y siguientes por la Reclamante, en circunstancias que dicha prueba quedó dentro del procedimiento declarado nulo por resolución de 27 de abril de 2007 de esta Corte de Apelaciones, escrita a fs. 16.

El Reclamante tampoco formuló objeciones al Informe de Tasación Comercial efectuado por el Departamento Regional de Evaluaciones.

7) Que, en el caso, fueron sopesados todos los antecedentes probatorios reunidos en autos, también los aportados por la Contribuyente, luego, el Servicio de Impuestos Internos actuó sobre la base de los datos de que disponía y de ello da cuenta la sentencia cuestionada.

8) Que, tanto es así, que, reconociendo que “existen en el proceso datos adicionales que permiten ajustar aun más dicho valor, entre ellos la servidumbre de tránsito que no fue considerada y conforme a la cual debe aplicarse un coeficiente de ajuste de un 10% adicional. . .”el Servicio ordenó una Reliquidación.

9) Que la parte apelante ha acompañado en esta instancia numerosas copias de escrituras de compraventa de departamentos del Conjunto Residencial Lomas de Andalué, Edificios Mañío y Alerce, documentos que no pueden considerarse, toda vez que el Servicio efectúa la tasación con los datos de que disponía, como lo preceptúa precisamente el propio artículo 64 mencionado.

10) Que los restantes documentos acompañados por la parte Reclamante en su escrito de apelación, referidos a la Constitución de la Sociedad Inmobiliaria Mayor S.A., títulos de acciones, Proyecto de edificación, Permiso de Obra Nueva, Acta de Recepción Definitiva, etc. no alteran lo resuelto por la sentencia de primer grado.

11) Que la sentencia que se revisa señala que “se adoptan las siguientes decisiones: Elemento Reclamado, Liquidación Nº 862, Ha lugar en Parte, Considerandos 13º a 36º” y ordena “Reliquídese la Liquidación Nº 862 de fecha 03.09.2004″ por lo que debemos entender que acogió en parte el Reclamo. En efecto, ello se infiere del fundamento 34º cuando dispone “que existen en el proceso datos adicionales que permiten ajustar aun más dicho valor, entre ellos la servidumbre de tránsito que no fue considerada y conforme a la cual debe aplicarse un coeficiente de ajuste de un 10% adicional” y del motivo 36º cuando señala “Que, de lo relacionado en los considerandos anteriores, se infiere que el valor de tasación que los fiscalizadores establecieron en la liquidación debe ser corregido en los términos antes indicados”.

Por estas argumentaciones, citas legales y lo dispuesto en los artículos 123 y siguientes del Código Tributario se confirma, con costas, la sentencia de veintidós de septiembre de dos mil nueve, que se lee a fs. 577 y siguientes concretando que la referida sentencia ordenó rebajar el valor de tasación determinado del inmueble de que se trata en un 10% debiendo, por ende, practicarse una reliquidación de la Liquidación Nº 862 de fecha tres de septiembre de dos mil cuatro, que tome en consideración lo resuelto por la sentencia referida en los motivos 34, 35 y 36.

REGÍSTRESE Y DEVUÉLVASE, con su custodia.

Redacción de la Ministro doña Sara Victoria Herrera Merino.

No firma la Ministro señora María Leonor Sanhueza Ojeda, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse con permiso.

 

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